El foro económico celebrado en Bogotá por el Gobierno colombiano y encabezado por el Ministerio de Hacienda terminó convirtiéndose en un punto de intensa polémica tanto dentro como fuera del país, pues la presencia como panelista del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, sentenciado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho en el caso “Sobornos 2012-2016”, provocó duras reacciones entre diversos sectores políticos y de la ciudadanía.
La invitación, divulgada el 13 de abril mediante la cuenta oficial del Ministerio de Hacienda en redes sociales, desató una fuerte ola de rechazo. Rafael Correa, considerado prófugo de la justicia ecuatoriana, fue sentenciado por su participación clave en una red de corrupción que incluía sobornos y garantizaba contratos públicos favorables a cambio de aportes financieros ilegales. Según distintos analistas, esta invitación pone en entredicho la legitimidad de incorporar en actos oficiales a figuras con antecedentes penales.
Entre las críticas más pronunciadas estuvo la de la senadora María Fernanda Cabal, quien calificó al expresidente como un «prófugo delincuente» e hizo énfasis en su relación con el escándalo internacional de Odebrecht. De forma similar, la concejal Clara Lucía Sandoval aseguró que la participación de Correa representa un respaldo simbólico del Gobierno Petro hacia figuras condenadas, lo que calificó como “muy petrista”. Por su parte, el economista Germán Ricaurte denunció que el evento enviaba un mensaje inaceptable sobre integridad institucional, resaltando que Correa pesa no solo como símbolo del soborno, sino también como alguien que evade a la justicia.
En redes sociales, usuarios replicaron estas opiniones, cuestionando el impacto que tendría la participación de Correa sobre la percepción internacional de Colombia. El debate se trasladó también a los medios, donde analistas recordaron que la controversia no era sólo sobre la presencia del exmandatario ecuatoriano, sino sobre el mensaje institucional que el Gobierno colombiano proyecta al asociarse con figuras tan polarizantes.
La jornada estuvo marcada por más factores de tensión. Mientras el evento buscaba debatir sobre política monetaria y soberanía financiera en América Latina, las relaciones entre el Gobierno Petro y el Banco de la República también mostraron fracturas visibles. Hace poco, el banco central elevó las tasas de interés en 100 puntos básicos, una acción que no fue bien recibida por el presidente ni su equipo económico. La ruptura se hizo evidente con la ausencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante importantes discusiones con la junta directiva. La invitación de Correa se percibió en algunos círculos como una estrategia gubernamental para politizar aún más el foro en un contexto complicado.
Aunque la polémica persiste, el Gobierno todavía no ha ofrecido una declaración formal que atienda las críticas, pero el escenario ha impulsado un análisis más profundo sobre cómo se presentan figuras públicas con historial judicial y sobre las consideraciones éticas vinculadas a su presencia en actos oficiales de gran relevancia.